Para citar este artículo: Iraís Fuentes Arzate, “‘Silenciar la disidencia’: criminalización de la protesta social en Irán neoliberal”, Blog del Grupo de Estudios Sobre Eurasia, 2 de febrero de 2022, https://euroasiaticos.blogspot.com/2022/02/silenciar-la-disidencia-criminalizacion.html. 

 

Desde finales del siglo pasado, Narges Mohammadi ha trabajado vigorosamente para que las autoridades de la República Islámica actúen en defensa de los derechos humanos. En 2015, aproximadamente, fundó el grupo Legam (paso a paso) contra la pena de muerte, siendo encarcelada por ello durante cuatro años, y en cuyo periodo participó en protestas pacíficas a pesar de ser blanco de abusos de autoridad en múltiples ocasiones. El activismo de la directora adjunta del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Paz en Irán es un “fastidio” para el régimen iraní por lo que representa la organización de una mujer que, a pesar de los excesos de poder, permanece firme ante sus críticas y demandas contra un gobierno represor; siendo así, desde 1998 ha pasado gran parte de su vida en reclusión de manera intermitente.

El pasado mes de enero, Mohammadi fue sentenciada a otros ocho años de prisión y a pena de flagelación por 80 latigazos tras un juicio de cinco minutos, sin acceso a un abogado, con la prohibición de recibir visitas y privada de comunicarse con el exterior. La reciente sentencia fue dictada luego de su detención arbitraria en noviembre del año pasado, cuando fue partícipe del aniversario de las protestas de 2019. Desde entonces, ha sido sometida a distintas formas de violencia tanto física como jurídica por parte de las autoridades de la prisión y del Estado iraní en general.

Mohammadi no es un caso individual, representa las voces de miles de activistas y presos políticos que han expresado su descontento con el gobierno iraní, y su sentencia hace las veces de un “castigo ejemplar” para disuadir a toda forma de oposición. La privación de la libertad y el agravio contra los derechos humanos es una respuesta contundente del gobierno iraní renuente a toda forma de oposición, aun cuando los cambios por los que pugnan atenten en lo mínimo contra los privilegios de una clase política y económica conservadora y blindada.

Indudablemente, no existe un sólo factor explicativo de la violencia de Estado en Irán; en este contenido limitado en espacio nos abocamos a señalar dos características estructurales relacionadas dialécticamente, en aras de arrojar pistas para el entendimiento y la contextualización de esta problemática trascendental.

 Collage de algunas de las víctimas de los asesinatos masivos de prisioneros de 1988 en Irán[i]

Dispositivo represor del Estado

La ola actual de violencia de Estado especialmente contra disidentes y activistas por los derechos y libertades civiles forma parte de una campaña de represión derivada del Movimiento Verde de 2009, movilización urbana congregada por el presunto fraude electoral que otorgó la reelección al expresidente Mahmud Ahmadineyad. El Movimiento Verde se contextualiza en el marco de diversos levantamientos civiles en la región –Movimientos rebeldes de 2011– que demostraron, mejor que nunca, la capacidad de la sociedad civil organizada para incidir cambios en la economía-política. En Irán, no sólo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sino la clase política y económica en general vieron amenazados sus intereses y privilegios, por lo que se aseguraron de cooptar cualquier forma de desobediencia civil.

Desde entonces, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las Fuerzas del orden (Nirouye Entezami) han incorporado nuevas técnicas de control y represión en su rutina contra manifestantes, como el uso de la fuerza letal, militarización de los espacios públicos, acoso e intimidación de los familiares de víctimas, el despliegue de los Basiy[ii] como infiltrados, el corte de internet y mensajería instantánea, entre otros. En los últimos años, luchadores, activistas y movimientos sociales, especialmente los movimientos de mujeres, se han enfrentado a estos métodos de represión y censura, que hace cada vez más peligrosa la protesta social; sin embargo, las y los iraníes han formulado nuevas estrategias de desobediencia civil cada vez más visibles para el resto del mundo.

En el tiempo actual, es probable que la represión, la tortura y los abusos de poder incrementen debido en parte a la actual administración ultraconservadora que aboga por el reforzamiento del dispositivo represor del Estado.

En agosto del año pasado, el ultraconservador Ebrahim Raisi asumió el poder ejecutivo de la República Islámica, en un clima de descontento social debido a que el Consejo de Guardianes de la Revolución minó el camino para asegurar la victoria incuestionable del candidato ultraconservador. El ex jefe de la judicatura llegó a la presidencia de la República con la participación electoral históricamente más baja –tan sólo entre 38 y 40 por ciento del electorado acudió a las urnas, de los cuales Raisi obtuvo el 69 por ciento de los votos– que lo hace especialmente impopular y ha contribuido a ampliar la distancia entre la sociedad civil y la clase política iraní.

El representante de la derecha tradicional llegó a la presidencia con severas acusaciones de violación a los derechos humanos, especialmente debido a que, en vísperas del fin de la guerra Irán-Iraq (1980-1988), formó parte de los llamados “Comités de la muerte” que torturó y ejecutó al menos a 30,000 presos políticos que ya habían cumplido su sentencia a unos días de terminar la guerra. Como funcionario judicial de alto nivel, Ebrahim Raisi puede asumir la responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus subordinados. Según el derecho internacional, los altos funcionarios pueden ser considerados responsables de los actos de sus subordinados si sabían o debían haber sabido de los crímenes y no previnieron o pusieron fin a los crímenes ni castigaron a los responsables.[iii]

Sin ser suficiente, diversos abusos de autoridad tienen lugar en el poder judicial, órgano no electivo que desde su fundación permanece dominado por las facciones más conservadoras, por lo que forma parte esencial del aparato de represión del régimen iraní. En parte, esto se debe a que es un órgano con la capacidad para elegir a ciertos miembros del Consejo de Guardianes de la Revolución –órgano no electivo desinteresado en promulgar reformas en materia de derechos humanos–, se le ha permitido actuar con cierto grado de ilegalidad, ejecutar sentencias sin juicio previo, aunado a la facultad de determinar “Qisas” o ley del talión, pena capital contra presuntos victimarios aplicada si los familiares de la víctima lo solicitan.

Un reporte de Amnistía Internacional señala que tan sólo en el año 2020 fueron ejecutadas 246 personas por pena capital, muchos de los cuales nunca tuvieron un juicio ni derecho a presentar su defensa, lo cual coloca a Irán en segunda posición a nivel mundial, tan sólo después de China, en ejercer la pena capital. En general, el poder judicial está organizado de manera tal que el agravio a los derechos humanos sea una práctica poco castigada y con la facultad de dictar sentencias sin el debido proceso, una estrategia especialmente útil para procesar a disidentes políticos.

Actualmente, Gholam-Hossein Mohseni es el jefe en turno del poder judicial, quien forma parte del cerebro que conforma la estrategia seguritaria, por lo que comparte responsabilidad por la represión y la violación de los derechos humanos al menos desde 1980. Se trata de un jomeinista que participó en la revolución y la posterior conformación de la República Islámica en 1979, y desde entonces ha ocupado puestos judiciales de alto mando, como fiscal del Tribunal Especial del Clero –institución que se encarga de procesar a clérigos opositores a las facciones de mano dura– y jefe del poder judicial del Ministerio de Inteligencia y Seguridad entre 1986-1988, de modo que está estrechamente relacionado, al igual que Raisi, con la masacre de presos políticos de 1988. Además, en la década de 1990, Ejei también desempeñó un papel importante en los llamados “asesinatos en cadena” de intelectuales y escritores iraníes.[iv]

Su designación por parte del actual Líder, Alí Jameneí, tuvo lugar tan sólo unos días después de la elección presidencial de Raisi, con lo cual el régimen iraní está asegurando un aparato represivo fuerte con las figuras de mano dura más conservadoras e intransigentes contra toda forma de oposición. 

Ciertamente, el incremento de la represión, las ejecuciones y uso de la fuerza para dispersar manifestaciones es un resultado esperado para el primer año de la nueva administración ultraconservadora. Sin embargo, es preciso mencionar que los dos periodos en el ejecutivo del ex presidente centrista Hasán Rouhaní (2013-2021) registró un aumento en la tasa de ejecuciones, en el encarcelamiento de periodistas y blogueros, opositores reformistas, comunidad LGBTI y grupos minoritarios con respecto de los años anteriores a su mandato.[v] Esto sugiere que la facción en el poder no es el factor explicativo por antonomasia del aumento sistémico de la represión.

Estado neoliberal

La censura, la violencia directa, la criminalización de la protesta social y la desaparición forzada contra disidentes políticos, aparentemente, caracterizan de manera excepcional la racionalidad del Estado iraní, social e históricamente constituido como diametralmente opuesto a los Derechos Humanos. No obstante, esta violencia que permea casi la totalidad de las relaciones es un medio para la administración de la población que, desde luego, no es intrínseco a su carácter islámico, sino que es parte fundamental de la racionalidad neoliberal.

Parafraseando a Fernando Escalante, el neoliberalismo necesita del Estado activo, beligerante, que funja como instrumento en el proceso de privatización; necesita que la racionalidad gubernamental responda al mercado y, al mismo tiempo, lo proteja de la inercia de instituciones democráticas.[vi] La militarización es uno de los recursos más utilizados por las clases dominantes para imponer orden en épocas de crisis, de modo que voltear a ver la “violencia excepcional” de la República Islámica contiene sesgos orientalistas que atribuyen la práctica represora a su característica islámica, antes de analizarlo como lo que es: un Estado neoliberal. El discurso de los Derechos Humanos se utiliza de manera recurrente para ocultar la violencia inherente al modo de producción y su vertiente neoliberal, sugiriendo que la represión y la censura culminarían al adoptar prácticas occidentales.

Cabe resaltar que la protesta social es un fenómeno cada vez más recurrente en épocas neoliberales, derivado de la precarización de la vida, las escasas oportunidades laborales, el alza de los precios, en suma, el encarecimiento de la reproducción de la vida. En Irán, las protestas “Pan, trabajo, libertad” de 2017-2018 fueron una respuesta a la precarización de la vida; las y los iraníes pertenecientes a los sectores más empobrecidos de la sociedad expresaron el rechazo a las políticas neoliberales de la administración del expresidente Hasán Rohaní (2013-2021) que, en aras de atraer inversión extranjera directa, ofreció mano de obra barata al capital trasnacional.[vii] Por su parte, las protestas de 2019 fueron una respuesta al incremento de los precios de la gasolina, que reflejan la intensidad de la crisis económica por la que atraviesa Irán tras la reimposición de sanciones económicas, derivada de la salida de Estados Unidos del Pacto Nuclear Iraní en 2018. La resistencia de 2019 fue brutalmente reprimida por la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas del Orden que, de acuerdo con un informe detallado de Amnistía Internacional, dejaron al menos 304 fallecidos.

Cabe agregar que el fortalecimiento de las capacidades militares y el engrosamiento económico de la Guardia Revolucionaria ha sido resultado de la privatización impulsada por los gobiernos neoliberales (desde 1989). A través de la ampliación de las capacidades de la Guardia, la racionalidad gubernamental en Irán ha resuelto la barrera que representa el bloqueo económico internacional para la lógica de acumulación neoliberal, por lo que la Guardia no sólo es el aparato para mantener el orden, sino la estrategia y la práctica para sostener la economía del poder. De esta forma, el Estado se deshace de sus responsabilidades económico-sociales y mantiene un aparato represivo fuerte.

El fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria ha sido en detrimento de la calidad de vida de la sociedad civil en general, pues mientras la Guardia inició su era de consolidación como complejo industrial debido al modelo neoliberal, la sociedad civil ha sufrido severas consecuencias derivadas de ello.

Señalar el carácter neoliberal del Estado como la causa principal de la violencia contra disidentes políticos permite analizar la problemática en dimensiones más amplias, pues es muestra de que la represión política tiene raíces estructurales que es indispensable cuestionar y alterar para conseguir una transformación genuina de la reproducción social.

* Egresada de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Colaboradora del Seminario Permanente sobre “Espacialidad, Dominación y Violencia” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde se ha desempeñado como profesora adjunta.

Referencias

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