Por: Cintli A. Cárdenas Barajas y Edith Yazmin Montes Incin* 

Para citar este artículo: Cintli A. Cárdenas Barajas y Edith Yazmin Montes, “A 10 años de las sanciones al buque norcoreano Mu Du Bong: Un episodio de los vínculos entre México y Corea del Norte”, Blog del Grupo de Estudios Sobre Eurasia, 23 de octubre de 2024, [https://euroasiaticos.blogspot.com/2024/10/a-10-anos-de-las-sanciones-al-buque.html]

Este año se cumplen diez años del encallamiento del buque norcoreano Mu Du Bong en las costas de Veracruz, un evento que marcó las relaciones entre México y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) o mejor conocida como Corea del Norte. Este incidente no solo generó tensiones diplomáticas, sino que también desafió a México en su papel como miembro de las Naciones Unidas, obligándolo a equilibrar sus responsabilidades internacionales con la urgente necesidad de reparar los daños ambientales en una zona protegida. Desde su encallamiento el 14 de julio de 2014, el Mu Du Bong se convirtió en un símbolo de un conflicto que entrelazó aspectos legales, ambientales y políticos, ya que las autoridades mexicanas retuvieron el buque por su conexión con una empresa norcoreana sancionada por actividades relacionadas con armas. De este modo, se hizo evidente la complejidad de la diplomacia contemporánea mexicana, que enfrentó el desafío de abordar los daños al medio ambiente mientras gestionaba las demandas de Corea del Norte, que acusó al país de retener ilegalmente el buque.

Fuente: Segundo a segundo.com

El barco de carga norcoreano Mu Du Bong zarpó del puerto de La Habana, Cuba, con dirección a Tuxpan, Veracruz, México. Cerca de la costa mexicana, la nave colisionó y encalló. A partir de ese momento, el buque carguero experimentó una travesía trágica y azarosa al encallar en el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, una zona natural protegida. Este incidente provocó daños significativos en un área de 3,662 metros cuadrados y afectó a 250 colonias de corales, incluida la especie en riesgo Acropora palmata, protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se encargaron de evaluar y supervisar la magnitud de los daños destacando la importancia del arrecife en los procesos ecológicos de la región. A raíz de este incidente, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal contra el capitán O Chun-il y la empresa propietaria del barco por el daño ambiental causado. Se exigió una fianza de 10 millones 80 mil pesos para garantizar la reparación del área afectada, monto que fue cubierto en su totalidad el 3 de diciembre de 2014[i].

Los daños ambientales abrieron la caja de Pandora del Mu Du Bong y su tripulación de 33 marinos, ya que a pocos días de que el buque llegara al puerto de Tuxpan, Veracruz, el 28 de julio del mismo año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS-ONU) incluyó a la compañía Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) en la lista de empresas norcoreanas sancionadas. Estas sanciones son de carácter selectivo y están diseñadas para limitar las actividades del régimen norcoreano en el escenario internacional. Según el Consejo de Seguridad, la inclusión de la OMM en la lista de sanciones se debió a su contribución a actividades prohibidas bajo el régimen de sanciones internacionales, específicamente el embargo de armas establecido por la Resolución 1718 (2006), la cual fue adoptada tras el primer ensayo nuclear de Corea del Norte (2006) y prohíbe la transferencia de armas y equipos militares, así como la provisión de materiales que pudieran fortalecer los programas nucleares o de misiles del país. Posteriormente, la Resolución 1874 (2009) amplió estas prohibiciones, incluyendo la inspección obligatoria de cargas sospechosas y la prohibición del suministro de armas ligeras y pequeñas.

La inclusión de la OMM en la lista negra del CS-ONU se debe a su rol como operadora del buque Chong Chon Gang, interceptado en julio de 2013 en Panamá con un cargamento oculto de armas provenientes de Cuba, destinado a la RPDC. Este hecho violó las resoluciones 2087 y 2094, que establecen la congelación de activos y restricciones de viaje para entidades que suministren armamento a Corea del Norte, lo que provocó un endurecimiento de las sanciones internacionales. La falta de cobertura por parte de una aseguradora internacional fue inicialmente el impedimento para su liberación inmediata, aunque el representante de la compañía propietaria cubrió los gastos oportunamente. En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un reporte que, al igual que Naciones Unidas, adjudicaba el barco a la propiedad de la OMM. En consecuencia, el gobierno mexicano detuvo indefinidamente el Mu Du Bong y su tripulación de 33 personas[ii].

Entre el 17 y el 19 de septiembre de 2014, una comisión del Panel de Expertos visitó la embarcación. De acuerdo con el reporte de este panel, aunque la embarcación era subsidiaria de la OMM, no figuraba como propiedad directa de dicha compañía. Esta confusión se debe a que en el gremio marítimo internacional es común que haya diferencias entre el propietario, el operador y el representante de un buque. Esto puede llevar a situaciones donde el pabellón exhibido no corresponde a la empresa que realmente posee la embarcación[iii]. Por lo tanto, el Panel de Expertos no pudo corroborar de manera definitiva que la OMM fuera la propietaria del carguero, lo que puso en entredicho la legalidad de su detención por parte de las autoridades mexicanas[iv]. En su informe S/2015/131, el Panel también indicó que 12 de los 14 buques asociados con la OMM habían estado en puertos extranjeros, lo que complicaba aún más la determinación de su propiedad. La falta de documentación clara sobre la propiedad del Mu Du Bong generó incertidumbre en la aplicación de las sanciones, ya que el sistema de propiedad marítima a menudo permite el uso de empresas fantasma para ocultar vínculos con actividades ilícitas.

En paralelo al proceso de revisión y análisis del caso por parte de Naciones Unidas, los 33 marineros seguían en territorio nacional, en espera de que la embarcación fuese liberada. En el marco de las Naciones Unidas, el representante de la delegación de la RPDC ante dicho organismo, An Myong-hun, mencionó que su gobierno utilizaría cualquier medio para que su buque fuera liberado y pudiera llegar a su territorio[v]. De acuerdo con el delegado, no había razones ni fundamentos para detener a la embarcación en el contexto de la ley internacional o la ley nacional de México, ya que el Mu Du Bong era una embarcación mercante, ajena a la empresa sancionada OMM y no transportaba cargamentos prohibidos por la ley o regulaciones internacionales. Además, las compensaciones por los daños ambientales del encallamiento ya habían sido pagadas íntegramente a las autoridades mexicanas, por lo que señalaba que la detención del buque era una violación flagrante de la soberanía de Corea del Norte[vi]. Ante esta situación, el gobierno norcoreano intensificó sus esfuerzos diplomáticos por lo que buscó apoyo en otros países y organismos internacionales para presionar a México y conseguir la liberación del Mu Du Bong, pero no tuvo éxito.

Las autoridades mexicanas del puerto señalaron que la difícil situación de los marineros y las pérdidas económicas, que superaron los 273 millones de pesos (casi 15 millones de dólares) debido a la inactividad del buque, podrían haberse evitado si los armadores del Mu Du Bong hubieran provisto una carta de navegación actualizada. Aunque se había comunicado que los marineros serían hospedados en un hotel, las autoridades confirmaron que, en realidad, permanecieron a bordo de la embarcación. Para abril de 2015, la estadía legal de la tripulación estaba a punto de expirar, por lo que se solicitó una visa humanitaria ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para permitirles continuar al frente del buque. Sin embargo, el 9 de abril, dos grupos de diez marineros fueron trasladados a la Ciudad de México y, posteriormente, repatriados por vía aérea a su país. Finalmente, el 14 de julio de 2015, el grupo restante de 13 personas fue repatriado a Corea del Norte, dejando la embarcación sin tripulación[vii].

El 14 de abril de 2016, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la declaratoria de abandono de la embarcación norcoreana Mu Du Bong, la cual pasaría al Gobierno Mexicano para su transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se llevaría a cabo su destrucción. Esta medida se justificó para prevenir riesgos tanto para la embarcación como para otras, así como para las instalaciones portuarias y los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan el río Tuxpan. Se argumentó que, a pesar de los ofrecimientos del Gobierno Federal, la empresa propietaria de la nave no había presentado una declaración certificada que asumiera su responsabilidad administrativa y de mantenimiento, ni había tomado medidas para el desguace del buque. Además, se destacó que el mantenimiento indefinido del Mu Du Bong resultaría incosteable para el Gobierno de México. Así, el 18 de octubre de ese año, se iniciaron los trabajos de desguace de la embarcación, cuyo costo de construcción fue de aproximadamente 60 millones de dólares y que, en el transcurso de dos años, había generado una considerable contaminación debido a su oxidación.

Este incidente muestra una serie de problemas ambientales, legales y diplomáticos. La colisión y el posterior encallamiento del buque en una zona protegida causaron daños considerables al ecosistema. Las sanciones impuestas por el CS-ONU a la empresa propietaria OMM, se basaron en su historial de actividades relacionadas con el régimen norcoreano, aunque la confusión sobre la propiedad del Mu Du Bong plantea dudas sobre la legalidad de su detención. La reacción de Corea del Norte, que argumentó la falta de fundamentos legales para la retención del Mu Du Bong, subraya las tensiones en la interpretación del derecho internacional en este contexto. Además, la situación de la tripulación, que vivió momentos difíciles durante su tiempo en México, pone de manifiesto el impacto humano de estas decisiones tomadas en el ámbito internacional.

Para profundizar en este tema, se recomienda consultar:

• Eduardo Luciano Tadeo Hernández, “La República Popular Democrática de Corea: la división nacional, la formación de la comunidad imaginada y las relaciones exteriores del régimen,” en Historia de Corea: De Dangun a Chaebol, coords. María del Carmen Hernández Cueto y Armando Francisco Azúa García (México: Centro de Investigación en Estudios Coreanos de la Universidad Autónoma de Nayarit, 2024), 173-193.
• Cintli A. Cárdenas Barajas y Jorge Raúl Suárez Campero, “Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en el proceso de paz de la península coreana,” en Setenta años de la guerra de Corea: el armisticio y las complejidades geopolíticas de un conflicto inconcluso, eds. Juan Felipe López Aymes y Alfredo Romero Castilla (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias – UNAM, 2024), 165-189.

*Cintli A. Cárdenas Barajas es Maestra en Estudios Coreanos y Licenciada en Relaciones Internacionales con estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Es docente en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos (CMEC).

*Edith Yazmin Montes Incin es estudiante de maestría en Estudios Coreanos, Maestra en Administración Pública y Licenciada en Relaciones Internacionales. Miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos (CMEC).

Por: María Andrea López Martínez*

Para citar este artículo: María Andrea López Martínez, “Perspectiva rusa sobre el Conflicto en las Islas Kuriles (2022-2024)”, Blog del Grupo de Estudios Sobre Eurasia, 2 de octubre de 2024, [https://euroasiaticos.blogspot.com/2024/10/perspectiva-rusa-sobre-el-conflicto-en.html]

Alrededor de las cadenas de islas conocidas como Kuriles se mueven intereses geopolíticos entre dos naciones. Son un grupo de islas volcánicas y se extienden hacia el norte por el Océano Pacífico de la isla japonesa de Hokkaido hacia el extremo sur de la península rusa de Kamchatka. Concretamente, las cuatro islas que reclama Japón y que han sido objeto de disputa territorial con los rusos desde hace más de ochenta años, son las Kuriles del Sur: Kunashir, Shikotan, Iturup y Habomai. Japón se refiere a ellas como Territorios del Norte y buscan su retorno por medio de negociaciones diplomáticas.[1]

Islas Kuriles, Recuperado de: geopol21

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la cadena de islas fue conquistada por la Unión Soviética y desde entonces, Rusia las considera suyas y no están dispuestos a devolverlas, pese a que en el Tratado de Shimoda de 1855 se le otorgaban a Japón las islas del Sur. [2] Es por ello, que los japoneses insisten en que éstas deben ser parte de su soberanía y llamarse Territorios del Norte, a pesar de que, en 1951, en el Tratado de Paz de San Francisco, renunciaron a sus derechos sobre las islas Kuriles. [3] Es evidente que este Tratado no arregló nada, porque la Unión Soviética no lo firmó, además Japón nunca ha reconocido que las cuatro islas que disputan formen parte del archipiélago.

En la actualidad, Japón y Rusia mantienen una relación áspera, no obstante, el gobierno japonés busca un tratado de paz. Pero ¿qué es lo que hace a estas pequeñas islas, tan importantes para los rusos? y ¿qué es lo que reactivó este conflicto con antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? Las tensiones estallaron de nuevo en abril de 2022, cuando Japón, después de dos décadas de silencio y aprovechando la invasión a Ucrania, acusó al gobierno ruso de ocupar “ilegalmente” las cuatro islas en cuestión (Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai).[4] Desde entonces, Putin inició una serie de ejercicios militares en las islas.[5] Estos tenían el objetivo de mostrarle a los japoneses su poder y alcance militar, y que están dispuestos a proteger dicho archipiélago.

Dando respuesta a la primera pregunta, esto se debe a que las Kuriles cuentan con una posición estratégica de importancia para Rusia, esto se demostró durante el periodo soviético, pues se consideraron vitales para la protección del Mar de Ojotsk y la historia ha demostrado una y otra vez la relevancia de no olvidar. Además, el estrecho entre Iturup y Kunashir no se congela en invierno, esto significa que los rusos tienen acceso al Océano Pacífico durante todo el año para que su flota de guerra, en la base militar de Vladivostok, pueda moverse libremente.[6] Dicho de otra manera, controlan el acceso al mar ruso de Ojotsk y al mismo tiempo, al formar parte de la primera cadena de islas, las Kuriles constituyen una barrera de contención que sirve como línea de defensa para Rusia.

Entonces, es comprensible la creciente militarización por parte de los rusos en las islas Kuriles desde 2022, ya que los sistemas de misiles instalados permiten atacar a la mayoría de los barcos que llegan a Hokkaido (isla de Japón), es decir, se aseguran de mantener protegidos los territorios por todos los medios posibles y evitan que un tercero se involucre en el conflicto.[7] Esto se debe a que Moscú, está consciente que, si Japón llegase a recuperar los territorios, esto daría paso a que los estadounidenses establecieran bases militares en las islas y por ende, amenazando la supervivencia y seguridad de Rusia por la cercanía que tienen con su territorio.

Desde el punto de vista económico, las Kuriles son una zona de importancia rica en oro, plata, hierro, titanio y metales raros como el renio, los cuales se utilizan en la fabricación de aviones supersónicos. También es considerada una reserva grande pesquera, de gas y de petróleo, es decir, también satisfacen las necesidades energéticas del país. [8]  Además, en enero del 2023, Vladimir Putin, llamó a las islas en disputa como “destinos turísticos únicos” y la importancia de dedicarles atención para su desarrollo, en otras palabras, planea exprimir al máximo el archipiélago.[9]

Las islas Kuriles son sumamente importantes para Rusia, tanto para su seguridad como para su economía y sus acciones indican que no tienen intención de cederlas a Japón. Como actor racional saben que, si Tokio controla las islas, rápidamente Estados Unidos establecería bases militares, convirtiéndose en un riesgo para su seguridad, estabilidad y supervivencia. Además, perderían automáticamente el control que tienen sobre el Mar de Ojotsk y tendrían que lidiar con los barcos extranjeros que usaran el paso. Sumado a esto, perderían la ruta con la que cuenta su flota naval en Vladivostok y la vía de acceso que tienen a la base naval del Petropavlosk se volvería complicada.

Las islas Kuriles fortalecen económicamente a Rusia, pues ofrecen una variedad de oportunidades, como lo son la pesca, los minerales, el gas y el posible turismo. El perderlas se vería como una debilidad y no es algo que les convenga en este momento al estar enfrentando una guerra con Ucrania. Por lo tanto, una negociación o un tratado de paz parece poco probable, pues se trata de un conflicto con más de 70 años. Además, los rusos se han apegado al discurso de que su constitución de 2020 prohíbe ceder territorios a un país extranjero, por lo cual consideran el tema cerrado.  

Otro posible escenario, es que los rusos necesitan actualmente aliados, pero a pesar de que Japón podría serlo, este país responde a los intereses norteamericanos. Además, un conflicto armado entre ambas naciones podría ser extremadamente perjudicial, pues para Rusia significaría abrir otro frente, lo cual podría causarle daños irremediables.

*Estudiante de Relaciones Internacionales de la UNAM interesada en Asia y el Pacífico.

 Por: Abdiel Hernández Mendoza*

Para citar este artículo: Abdiel Hernández Mendoza, “Un acercamiento a la política energética para el sexenio de Claudia Sheinbaum”, Blog del Grupo de Estudios Sobre Eurasia, 11 de septiembre de 2024, [https://euroasiaticos.blogspot.com/2024/09/un-acercamiento-la-politica-energetica.html]

La política energética que se comienza a percibir en el caso del gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ganadora de las elecciones presidenciales en México el pasado 2 de junio de 2024, apunta a un entendimiento con la clase empresarial en distintos sentidos. En estas notas se pretende señalar un panorama de cómo el país reaccionará ante una Revolución Digital en marcha y necesitada de fuentes de energía para funcionar.

            El panorama energético del país está en constante supervisión por, al menos tres posiciones, la que está a favor de una desaparición del Estado en torno a su funcionamiento proponiendo que sea el sector privado el encargado de la producción, distribución, suministro, mantenimiento y cobro de los servicios energéticos; por otro lado, se encuentran quienes desean que eso sea parte del Estado al cien por ciento, asegurando así la llamada “soberanía energética”, a partir de decisiones autónomas sin presiones empresariales o extranjeras, y; una intermedia que propone la participación en conjunto de empresa y Estado.

            Esta última es la que tiene mayor aceptación por parte del gobierno entrante pese a que la narrativa de la segunda es la que acompañará justificaciones en torno a la participación de las empresas. ¿Por qué? Fenómenos geopolíticos y geoeconómicos relacionados con la Guerra de cuarta generación que experimentan a través de Estados e instituciones subsidiarias (proxys) Estados Unidos con el bloque euroasiático liderado por China y Rusia, implican ­–entre más elementos– jugadas geoeconómicas como el impulso de medidas de relocalización (reshoring, nearshoring…) de las empresas de Occidente, siendo México, por su situación de vecindad, un espacio vital para el bloque liderado por EE. UU.

            Al elemento geopolítico habrá que añadir el tema ambiental. La humanidad está sobrepasando las actividades de explotación de recursos y las consecuencias se observan en espacios de desertificación, contaminación exhaustiva, defaunación, deforestación, crecimiento acelerado de monocultivos, entre otras que favorecen la acumulación de cluorofluorocarbonos en la atmósfera (por insistir en uno de los efectos). Ante ello se pensó desde la década de los sesenta del siglo XX que el uso de energías alternas a los hidrocarburos era la solución para “contaminar menos” (sic.); sin embargo, el uso de dispositivos de almacenamiento de energía como los basados en litio resultan también altamente contaminantes.

            Un tercer punto que mencionar es el tema de la seguridad energética, en este caso la de México. Ahora el país debe considerar que exista un suministro confiable y eficiente de energía, el cual estuvo descuidado al ser cedido a capital extranjero a través de políticas energéticas que prometieron en su momento llevar a las empresas paraestatales a niveles altos de competitividad internacional.

            Para generar una propuesta energética orientada a la seguridad nacional de México, la Dra. Sheinbaum articulará al menos las ideas de Víctor Rodríguez Padilla (Petróleos Mexicanos), Emilia Esther Calleja Alor (Comisión Federal de Electricidad), Luz Elena Gonzáles (Secretaría de Energía), Alicia Bárcena Ibarra (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Rogelio Ramírez de la O (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y de Marcelo Ebrard Casaubón (Secretaría de Economía).

            Entre los retos a los que se enfrenta el equipo que decidirá las políticas energéticas del país se encuentran: la inestabilidad de los mercados energéticos, la transición energética (anunciada desde la década de los setenta del siglo pasado), el pico de producción de hidrocarburos, la dependencia del gas natural producido en EE. UU., la inversión en la infraestructura energética (de Pemex y CFE), la capacidad de producción energética por fuentes alternas, la cooperación internacional en cuanto a transferencia de tecnología, las presiones estadounidenses para incidir en el mercado energético nacional, reducción de emisiones y los compromisos nacionales en torno a la eficiencia energética, entre otros (SENER, 2024; IEA, 2024).

            Aquí vale destacar que lo señalado implica comprender que las necesidades de energía en México van en aumento y la obtención de energía para los sectores residencial, comercial, servicios, agrícola, empresa mediana y gran industria, que en 2023 significó para el Sistema Nacional de Energía un total de 345 439 GWh, un aumento de 3.5% respecto a 2022 (SENER, 2024); sin embargo, esta última cifra se considera aumentará para 2025 por los movimientos de capital que espera recibir México en materia de inversión en infraestructura derivada por el fenómeno de relocalización empresarial. Los datos de la SENER estiman que de 2025 a 2030 pasaremos de 367 347 a 410 800 GWh; es decir, el país necesitará más fuentes de energía.

             Así, la Secretaría de Energía (2024) tiene estimado que la demanda del país tiene como “factores determinantes”: el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, la estacionalidad, el precio de los combustibles, el precio de la energía eléctrica, las pérdidas de energía eléctrica, la eficiencia energética, la generación distribuida, la electromovilidad y la estructura del consumo final eléctrico.

            Ante el panorama mencionado es un hecho que las guerras continúan, su número es mayor a las tres más mediatizadas y la forma en que se efectúa responde a una modernización irrestricta de la misma (Liang y Xiagsui, 1999): no convencional, económica, cibernética, psicológica, ecológica, espacial (ultraterrestre) y trasnacional; es decir, el consumo energético del mundo seguirá rompiendo récords. Basta señalar que el Statistical Review of World Energy (Energy Institute, 2024) señala que “el consumo mundial de energía primaria alcanzó un récord absoluto, con un aumento de 2% respecto al año anterior, situándose en 620 Exajulios (EJ)”, lo que equivale a la energía liberada por 9.84 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima.

            Un punto más a considerar tiene que ver con los resultados ya visibles de la revolución digital. Sus manifestaciones vistas en el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, macrodatos, aprendizaje automatizado, tecnologías aditivas, etc., necesitan energía para mantener ciclos de producción y enfriamiento de los procesos; de la misma manera necesitan la extracción de materiales crítico-estratégicos para garantizar su existencia.

            El aumento en el consumo de energía implica tener en cuenta que para “los países lo que realmente cuenta es que no falte energía […] atender el problema geopolítico inmediato […no] dejar la seguridad energética en manos del mercado [… y la probable extensión del] regreso a los combustibles fósiles” (Rodríguez, 2022), pero también debe considerar que una transición energética que vaya al uso de fuentes alternas de energía sin considerar las consecuencias del ejercicio de extracción minera que ello significa, acelerará los tiempos del colapso ambiental.

            Por ello México tendrá que acelerar la producción de políticas públicas que primen la reversibilidad de procesos contaminantes en la producción de energía y recurrir a propuestas encaminadas a la sentencia: “a cada Kilovatio-hora de electricidad producido, 100 litros de agua descontaminada regresada a los mantos acuíferos” y en esa misma reciprocidad dependiendo del tipo de fuente que se trate.

            La inversión en la educación especializada en energías renovables debe ser una prioridad para las dependencias estatales mencionadas. No solo en la generación de patentes y proyectos de producción energética, sino en el saneamiento de los espacios utilizados en el ciclo de producción mismo.

            El colapso ambiental y civilizatorio está en marcha. Medidas de reversibilidad de procesos (en especial el sistémico) apoyarán a que las condiciones de reproducción de vida no queden en planos inferiores a la necesidad de asegurar energía para satisfacer a un sistema energético que durante mucho tiempo careció de una visión social, científica y que, prime la posibilidad de reducir el consumo de energía en lugar de proyectar su aumento y, por lo tanto, pensar de qué fuentes ahora se obtendrá la energía.

*Doctor en Estudios Latinoamericanos por la FFyL de la UNAM. Responsable de proyectos PAPIIT y PAPIME en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONAHCyT.

 Por: Abril Cabrera Angeles*

Para citar este artículo: Abril Cabrera Angeles, “La interferencia política de China en la situación humanitaria de los rohingyas en Myanmar desde el 2021 hasta el 2023”, Blog del Grupo de Estudios Sobre Eurasia, 03 de septiembre de 2024, [https://euroasiaticos.blogspot.com/2024/09/la-interferencia-politica-de-china-en.html]

Introducción

Los rohingyas son una minoría étnica y musulmana radicada en Myanmar, país que cuenta con más de 130 grupos étnicos diferentes.^[1] El gobierno myanmarense agrupa a la población en ocho etnias principales; sin embargo, los rohingyas no son reconocidos oficialmente como un grupo étnico ni se les reconoce como ciudadanos. En 1962, el Tatmadaw tomó el poder del país, siendo este un ejército de mayoría budista y cuyos integrantes pertenecen a uno de los mayores grupos étnicos, los burma. Desde entonces, los rohingyas son perseguidos por el Estado y la mayoría están situados en el estado de Rakhine. Si bien, en 2011 se instauró, “una forma indirecta y más liberal de gobierno militar” que duró hasta el 2021,^[2] la persecución no disminuyó.

En el 2017, en Rakhine, comenzó una campaña genocida hacia los rohingyas liderada por el Tatmadaw.^[3] El ejército quemó aldeas y cometió asesinatos en masa, y, en consecuencia, arriba de 700 mil rohingyas migraron hacia Bangladesh^[4] ese mismo año. Cuatro años después, en febrero el Tatmadaw lanzó un golpe de estado^[5] contra el gobierno en el poder, y comenzó una inestabilidad política en Myanmar.

Por su parte, China ha tenido una relación con Myanmar de cooperación económica y militar, pero en el período de 2011 a 2021, China no tuvo el mismo acercamiento con Myanmar ya que era afín al Tatmadaw.^[6] Sin embargo, tras el golpe de estado, China ha vuelto a acercarse para lograr restablecer su influencia en Myanmar. La situación general de los rohingyas es crítica y, China protege al Tatmadaw de las represalias internacionales, no permite intervención de otras potencias pues pide se respete la soberanía de Myanmar, pero él sí interfiere directamente.^[7] Lo que se plantea es, ¿por qué China interfiere políticamente en la situación actual de los Rohingyas en Myanmar desde 2021? A través de la interferencia política, China limita e impide la intervención de otras potencias en la crisis de los rohingyas y dificulta una posible influencia en Myanmar, protegiendo y asegurando así sus intereses geoestratégicos en el país.

China ha catalogado la campaña de genocidio contra los rohingyas como un problema de soberanía^[8] y por lo tanto, argumenta que ningún otro país puede intervenir, exceptuando a Bangladesh, que ha refugiado a la minoría musulmana desde 2017. No sólo China ha defendido a la junta militar en discurso, pues en febrero del 2021, este junto con Rusia bloquearon una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) donde se condenaba el golpe de estado.^[9]

Si bien, la prioridad de China es volver a consolidar la influencia y presencia que perdió parcialmente de 2011 a 2021, sus intereses geoestratégicos no se quedan atrás.  Geopolíticamente, Myanmar es de suma importancia para China, pues “es el único país vecino que proporciona a China acceso directo al Océano Índico y, por lo tanto, le permite evitar el disputado Mar de China Meridional”.^[10] Myanmar ocupa un lugar clave en el megaproyecto chino de la Nueva Ruta de la Seda, pues tiene una larga costa y acceso al Océano Índico y, sobre todo, China busca asegurar su acceso a fuentes de energía para satisfacer sus necesidades.^[11] Sin embargo, los megaproyectos de China en Myanmar se han visto pausados por la situación política que vive el país.^[12]

Aquí podría cuestionarse si el encubrimiento y respaldo a la junta militar es con el fin de poner en marcha sus proyectos cuanto antes. Así como, evitar que otras potencias se involucren en lo que sucede en Myanmar, y, por lo tanto, puedan interferir con la fuerte presencia que está creando China con su megaproyecto.

Lo que resulta más interesante sobre los intereses geopolíticos chinos, es que uno de los puntos clave del Corredor Terrestre de la Franja Económica de la Ruta de la Seda, que conectará a cuatro países, Myanmar, China, India y Bangladesh, estaría ubicado en Rakhine.^[13] El mismo estado donde los rohingyas fueron perseguidos, algunos obligados a desplazarse y otros permanecen atrapados ahí. Lo que tiene planeado este Corredor es colocar en el norte de Rakhine un oleoducto,^[14] y el puerto de Kyaukpyu es vital pues será la entrada para el oleoducto.^[15] China ya ha invertido una gran cantidad de dinero, además de que será un enclave comercial crucial para el Corredor.

Se puede señalar que la interferencia de China en la situación humanitaria de los rohingyas es oportuna, puesto que, el argumento de China, además que califica la persecución contra los rohingyas como algo interno, es que “subestima la gravedad de la crisis al atribuir la violencia al subdesarrollo económico”.^[16] China pareciera tomar la crisis de los rohingyas como una razón más por la cual Myanmar necesita tener más desarrollo económico, ósea, continuar cuanto antes con los avances de la Nueva Ruta de la Seda. 

Ahora bien, China ha protegido al Tatmadaw ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero recientemente propuso una solución para la situación humanitaria de los rohingyas en Bangladesh. En abril del 2023, China junto con Bangladesh plantearon un plan para repatriar al casi millón de rohingyas que se encuentran en campamentos de este último.^[17] Una vez repatriados a Myanmar, realmente los rohingyas estarían a disposición de la junta militar que los persigue, por lo que no parece ser una solución real ni bien planeada. Podría señalarse que China busca una solución humanitaria para estabilizar el estado de Rakhine, pero ¿realmente está buscando resolver la crisis de los rohingyas con este tipo de planes?  O más bien, es sólo una solución rápida para poder seguir con sus proyectos geoestratégicos en Rakhine.

Las consideraciones finales son, que China aprovechó la coyuntura del golpe de estado del Tatmadaw para restablecer su influencia en Myanmar y retomar sus proyectos de la Nueva Ruta de la Seda en este. Así como, su interferencia en la situación humanitaria no es más que política, motivada por intereses geoestratégicos. De igual manera, la persecución hacia los rohingyas dejó de ser un problema interno desde que China y Rusia intervinieron a favor de la junta militar ante el Consejo de Seguridad. Y que China no permita la intervención de otras potencias, pero sí interfiera directamente, y proponga una solución poco realista al problema refuerza la idea de que sus megaproyectos están por sobre una crisis humanitaria. La cooperación entre otras potencias pareciera ser una luz de esperanza para los rohingyas, pero la influencia y presencia de China en Myanmar aumenta, y, por lo tanto, su interferencia política también lo hace.

*Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en FES Acatlán.

 Iraís Fuentes Arzate*

Para citar este artículo: Iraís Fuentes Arzate, “Irán ante la encrucijada de la regionalización de una guerra genocida”, Blog del Grupo de Estudios Sobre Eurasia, 14 de agosto de 2024, [https://euroasiaticos.blogspot.com/2024/08/iran-ante-la-encrucijada-de-la.html]

El pasado 31 de julio, Ismail Haniyeh, dirigente político de la organización Hamás, fue asesinado en la capital de Irán, Teherán, a manos de las fuerzas israelíes, en un aparente intento de internacionalizar la guerra en Gaza que amenaza la estabilidad de la región.

El líder de Hamás había viajado a Teherán por la toma de posesión del presidente electo Masaoud Pezeshkian, aparente reformista elegido en julio pasado, y ante el espectáculo interno de su elección, las fuerzas israelíes ejecutaron el asesinato de Haniyeh. Se trata del dirigente máximo de la organización Hamás que ocupaba un lugar central en las negociaciones entre Israel y Hamás con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos con ánimo de cesar el ataque israelí en Gaza, por lo que su deceso ha puesto en riesgo cualquier posibilidad de avance.

El ataque táctico contra el líder político de Hamás es un mensaje claro contra el gobierno iraní, pues deshonra la capacidad de su aparato de seguridad y de la Guardia Revolucionaria el ejército irregular y la segunda fuerza política de la República Islámica al tiempo que manifiesta la capacidad israelí de violar su soberanía.

Los ataques de Israel en suelo iraní no son recientes, en noviembre de 2020 fue asesinado el científico Mohsen Fakhrizadeh, considerado el cerebro detrás del programa nuclear iraní, a quien el Mossad asechó al menos durante 14 años. En aquella ocasión, el cuerpo de seguridad de élite de Irán fue puesto en evidencia tras ser incapaz de salvaguardar la vida de una de las figuras iraníes más vigiladas y perseguidas por las fuerzas opositoras.